Finalmente, analicemos el siempre polémico tema de la inflación. La discusión entre los economistas parece pasar hoy casi exclusivamente por cuál es el número: Desde la oposición se fuerzan los argumentos y los datos para demostrar que es lo más alta posible, mientras que en el oficialismo la preocupación es exactamente la opuesta. Lo que resulta interesante plantearse, y que en última instancia constituye la importancia del problema, es que la inflación no es simplemente un número, sino que supone una puja de intereses, un conflicto entre sectores sociales, donde unos ganan y otros pierden. Es por eso que cuando se discute cómo resolver este problema, no tiene que ser para que los números que se publican en el diario dejen contentos a los economistas, a “los que saben”, sino para comprender que el problema de fondo está en un conflicto al interior de la sociedad, que es la puja por la distribución del ingreso.
Entonces, como decíamos al comienzo, si el economista no puede ser “neutral”, porque no lo es la teoría económica, la pregunta que queda abierta es: ¿Cuál es la responsabilidad del economista, y a qué sectores e intereses se compromete a defender?
La curiosidad de conocer el porvenir: la naturaleza no conoce el futuro
Cuando lo nuevo aparece y se lo debate, o sea, cuando se le presenta resistencia y se forma una oposición que se basa en la existencia superior, obligada por la moral, de valores, se trata a menudo de preguntas irresueltas sobre la delimitación entre naturaleza y sociedad. Esta dicotomía prefiere ser construida y falsa, empírica e históricamente rebatible, aunque se mantenga con una tenacidad que siempre reaparece para defender los intereses arraigados. En la argumentación convencional, la naturaleza implica lo dado y lo esperado por un poder superior. La naturaleza es considerada como la norma que define la normalidad. Por el contrario, la intervención humana significa la superación de las limitaciones impuestas, superación que infringe subversivamente la normalidad y la amenaza.* Pese a que no resulta tan atractiva la invocación a una naturaleza que remite a la inmutabilidad de las exigencias normativas y las escalas temporales que superan las medidas humanas, en un segundo paso debe determinarse hasta dónde llega el dominio de la naturaleza y quién puede definirlo con autoridad. Más que nunca, la ardua disputa y lucha en torno al consenso social son inminentes.
La fe en la inmutabilidad de la naturaleza oculta el conocimiento del proceso social por el que surgen el saber y la capacidad de intervenir en la naturaleza, de manipularla y controlarla. La resistencia a lo nuevo es reivindicada en nombre de una autoridad que parece estar más allá de la imposición de normas y que le corresponde el derecho de imponer normas pre y suprasociales. Cuando al inicio de la Modernidad emergió por primera vez en Europa el concepto moderno de política, el cual no estaba comandado ni protegido por la voluntad divina, el eje de la cuestión fue el problema del ejercicio de la libertad y las restricciones que le eran impuestas a la arbitrariedad del poder político. Para ello, entran en cuestión dos instituciones. Una fue el sistema jurídico, cuya incumbencia debía ser, prioritariamente, elaborar normas y reglamentaciones, tramitaciones y garantías, además de ocuparse de su implementación, puntos que determinaron gradualmente la construcción del Estado de derecho. La otra institución era la aún joven y poco institucionalizada ciencia. Según el politólogo israelita Yaron Ezrahi, la ciencia fue concebida históricamente como una autoridad apolítica que tenía la capacidad de disciplinar el accionar político, criticar decisiones e imponerle límites al Estado secular. Esta función (política) de la ciencia a veces fue empleada, invocando la racionalidad científica y tecnológica, para despolitizar el ejercicio del poder y encubrirlo. Sin embargo, la certificación de una realidad basada en la ciencia contribuyó, esencialmente, a que fuera separada la voluntad divina de las leyes naturales y se restringiera la arbitrariedad del accionar político. 15.
Ya en sus inicios, las ciencias naturales modernas habían demostrado que podían encontrar mecanismos con los que la scientific community lograra alcanzar un consenso sobre cuestiones controversiales. En un tiempo convulsionado por las guerras religiosas y civiles, sin duda esto contribuyó a consolidar la reputación moral de esta joven institución que, no obstante, era lo suficientemente sabia para aceptar las restricciones que le impusieron el poder político y el religioso, o sea, para no inmiscuirse en sus asuntos.
La autoridad de la ciencia como instancia apolítica se basa en una legitimidad derivada de la autoridad de la naturaleza. Las leyes naturales que investiga son leyes de un nivel muy elevado, las cuales no son negociables ni pueden ser sometidas a un poder estatal ni a una sentencia judicial. La ciencia certifica que la realidad de la naturaleza es removida de la jurisdicción de las leyes humanas y su arbitrariedad; no obstante, hay un procedimiento para “revelar sus secretos”, manipularlos y ponerlos a nuestro servicio. Por medio de ello, la institución ciencia deviene una mediadora aparentemente inapelable entre la sociedad y la naturaleza. Reclama para sí la autoridad de hablar en nombre de la naturaleza. Para llevar con éxito su programa de exploración, debe estar libre de intervenciones estatales y religiosas, puesto que “dice la verdad ante el poder”. Al contrario, la scientific community garantiza por medio de sus procedimientos de control de calidad, en especial la peer review, que el conocimiento producido es fiable. Estas dos tendencias, el reclamo de la ciencia de hablar en nombre de una autoridad apolítica superior y la garantía de publicidad frente la fiabilidad de un conocimiento producido y certificado por él, son los fundamentos para su autonomía hasta hoy, incluso cuando el carácter público de la ciencia esté bajo presión.
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Es interesante que también los biólogos hagan esta diferenciación. Se refieren a los cambios provocados por los hombres como supernomalidad.
